La diputada del PRD, Verónica Juárez, señaló que el país ha experimentado en distintas épocas, episodios de violencia, masacres y represión en las que han participado grupos de seguridad de tipo paramilitar como las llamadas “guardias blancas”.

La intención de la mayoría en la Cámara de Diputados, de aprobar el dictamen que reactiva la Guardia Nacional, y también prevé la utilización de los cuerpos de seguridad privada como auxiliares de esa corporación militar policiaca, representa un grave riesgo para el país consideró la vicecoordinadora de la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Verónica Juárez.

La legisladora señaló que el país ha experimentado en distintas épocas, episodios de violencia, masacres y represión en las que han participado grupos de seguridad de tipo paramilitar como las llamadas “guardias blancas”, y no se puede establecer en la Constitución elementos que puedan dar pie a ese tipo de anomalías.

Al pedir que el dictamen aprobado previamente en comisiones, sea modificado, para eliminar el elemento que autoriza la utilización de las corporaciones de seguridad privada en la realización de tareas de seguridad pública, la legisladora recalcó que si ese elemento persiste, será un grave error.

“La posibilidad de la normalización de la actuación de las instituciones militares en la seguridad pública, a través de la creación constitucional de una Guardia Nacional militarizada implica la agudización de la situación de la violencia en México, debido a la continuidad de las políticas en la materia”, alertó.

“Nos preocupa de manera importante en la simulación de un proceso de discusión de la iniciativa de Guardia Nacional cuando se anuncia el enrolamiento de los jóvenes y sus operaciones sin ningún sustento legal, en contra de todas las opiniones de los organismos internacionales en materia de derechos humanos y las instituciones académicas”, añadió, en referencia al periodo extraordinario de sesiones convocado para aprobar la Guardia.

Juárez Piña señaló que las corporaciones privadas de seguridad tendrían que ser debidamente reguladas, y el Estado no debe promover que se sumen a las tareas de la nueva corporación, pues se pone en riesgo la estabilidad del Estado, e incluso la gobernabilidad.

Recordó que para instancias como la Organización Nacional de Naciones Unidas (ONU), las empresas de seguridad privada son catalogadas como “mercenarias” y atentan contra la soberanía de los estados donde operan, al funcionar como una especie de “ejércitos al servicio de privados”.

La congresista presentó ante la Comisión Permanente, una propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Nacional, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y la Ley Federal de Seguridad Privada, con el fin de reglamentar dichas agrupaciones.